Por causas tanto nacionales como internacionales, de origen público como privado, España está inmersa en una crisis de deuda pública. Gran parte de los recursos que generamos como país, han de destinarse al fin de cumplir con los compromisos contraídos con acreedores, siendo necesario para ello destinar ingentes cantidades de dinero público. Existen dos modos de obtener estos fondos, dejando de gastar en ciertas políticas públicas o apostando por programas que permitan un balance positivo de ahorro. El uso de las Tecnologías de la Información en las Administraciones Públicas entra en la segunda de las categorías, y nuestros responsables políticos deberían velar porque las reducciones se hiciesen de manera inteligente, valorando primariamente el retorno de la inversión que las TIC aportan a la Administración y a la Sociedad.
En el comunicado que la Junta Directiva de ASTIC publicó tras la aprobación por el Gobierno del RDL 20/2012, mostrábamos nuestra preocupación por el recorte presupuestario que ya hasta entonces intuíamos se había producido. La confirmación de aquella intuición es la publicación de los presupuestos que han sido dedicados a las TIC en la Administración General del Estado (AGE) en el año 2012 por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el bienio 2011-2012 se ha producido, sin contabilizar la no disponibilidad tras el RDL 20/2012, un descenso presupuestario de un 23%. Es éste un porcentaje que coincide con las estimaciones de reducción de gasto que ha obtenido la Generalidad de Cataluña con su macroconcurso de servicios de Tecnologías de la información, y que demuestra que estamos alcanzado el límite de la racionalización de los recursos tecnológicos en la AGE. Superar ese límite tendría como consecuencia una importante degradación de la calidad de servicios públicos electrónicos, provocaría un descenso de uso y, finalmente, que dejasen de obtenerse los ahorros de gasto público derivados del uso de la Administración Electrónica.
Ni la Administración ni la Sociedad pueden permitirse que se acentúe el descenso de las partidas presupuestarias dedicadas a las Tecnologías de la Información en el sector público. Buena parte de las oportunidades que tenemos como país de superar la actual crisis dependen del balance positivo de ahorro derivado del uso de las Tecnologías de la Información en la Administración. Por poner un ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha estimado que en un sólo semestre de funcionamiento el nuevo modelo de pago de medicamentos, independientemente de la valoración política que cada cual tenga del mismo, ha facilitado a la Administración ahorros por encima de los mil millones de euros. Esta cifra es superior a todo el gasto TIC en 2010 del Sistema Nacional de Salud (CCAA y AGE incluidos) según datos de Red.es, gastos que no sólo incluyen la receta electrónica, sino otros sistemas como la cita previa o el historial clínico digital que generan también grandes ahorros.
Es, por tanto, la hora de aplicar a fondo las Tecnologías de la Información en la Administración como palanca para salir de la crisis. El foco no puede ser el ahorro del gasto en Tecnología, si bien el mismo debe realizarse de acuerdo a la necesidad general de austeridad. Es el momento de hacer uso de la Tecnología para transformar la Administración y aprovechar el balance positivo del gasto en Tecnología para seguir adquiriendo oportunidades como país.