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Un primer paso en la línea de las medidas de reforma de la Administración propuestas por ASTIC, si bien es necesario mayor precisión y refuerzo de algunas competencias
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Es necesario culminar con un modelo de relación eficaz y eficiente del CIO con las unidades sectoriales y los órganos colegiados de Administración Electrónica
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Sería difícilmente entendible que se nombrara para el cargo a alguien ajeno a los funcionarios públicos de las Tecnologías de la Información
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El nuevo alto cargo ha de ser responsable de diseñar estrategias que faciliten la transformación de la Administración gracias a la tecnología y no sólo el ahorro en tecnología.
Tras el Consejo de Ministros del día 20 de Septiembre de 2013, la Vicepresidenta del Gobierno anunció en rueda de prensa el inicio de “la racionalización de todo el aparato de informática de la Administración General del Estado con la creación de un jefe de informática único”. Era esta una de las medidas propuestas por la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que más expectación había levantado entre el colectivo de los profesionales públicos de las Tecnologías de la Información, no sólo por su impacto organizativo, sino también por su capacidad de convertirse en eje nuclear de la digitalización y transformación de nuestra Administración. La creación de la figura del Chief Information Officer de la Administración del Estado (CIOAGE) se encontraba entre las medidas de reforma de la Administración propuestas por ASTIC en su documento “Una Administración del Estado para la Sociedad de la Información”, que fue publicado y enviado a la CORA al inicio de sus trabajos en Enero de 2013, aunque con un perfil competencial más amplio. El nuevo alto cargo ha de ser capaz de diseñar estrategias más allá del ahorro en tecnología para situarnos en el ahorro con la tecnología.
Si bien la referencia del Consejo de Ministros dejaba un aire de ambigüedad sobre la capacidad competencial del Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Administración General del Estado (DTICAGE), las mismas han quedado desveladas con la publicación del Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, que desarrolla y modifica la estructura del Ministerio de Presidencia. Aunque la valoración del hecho de la creación de esta Dirección con rango de Subsecretaría, directamente en dependencia del Ministro de Presidencia, no puede dejar de resultar positiva, si resulta chocante el grado de temporalidad que se da a las competencias tecnológicas de este Ministerio. La definición de las mismas es “la coordinación del proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el Sector Público Administrativo Estatal”, lo cual parece reducir su ámbito temporal al tiempo de ejecución de las medidas de reforma propuestas por la CORA.
Dado el carácter estratégico de la figura creada, que se resalta en la primera de sus competencias, y la necesidad de abordar la optimización y racionalización como un proceso continuo, es de esperar que la figura del DTICAGE pase a ser un elemento estable de nuestra estructura. Difícilmente sería entendido otro destino por los profesionales públicos de las Tecnologías de la Información. El DTICAGE tiene un contenido competencial cuya existencia venía siendo necesaria desde hace años. Sin embargo, es necesario complementar las competencias estratégicas del DTICAGE en materia tecnológica con competencias normativas y organizativas en el ámbito de la Administración Electrónica.
La creación de la DTICAGE es sólo un primer paso. Sus competencias, claramente alineadas con la estrategia y la planificación tecnológica, demandan un brazo ejecutor. Dentro de las medidas propuestas por la CORA se apuntaba a una Agencia. En la actual estructura administrativa existen Direcciones Generales y Empresas Públicas con competencias asignadas para ello. Del modelo de relación entre la DTICAGE y su brazo ejecutor, dependerá en parte el éxito que deseamos para la nueva Dirección. La otra parte del éxito del nuevo modelo organizativo dependerá de la reforma de los órganos colegiados de Administración Electrónica que se aplaza hasta tres meses. Es necesaria una relación eficaz y eficiente a través de los mismos del DGTICAGE con las unidades tecnológicas sectoriales. Tal y como indicaba ASTIC, en estas relaciones el DTICAGE ha de ser responsable de los objetivos que se establezcan en el ámbito de la Tecnología y de la Administración Electrónica, así como de realizar la asignación de los recursos para alcanzarlos. Estas competencias no quedan suficientemente precisadas en el Real Decreto publicado.
Finalmente, de acuerdo al perfil y capacidades profesionales derivadas de las competencias de la nueva Dirección, sería poco entendible que fuera nombrado para la misma alguien ajeno al colectivo de los profesionales públicos de las Tecnologías de la Información. Son estos funcionarios los que, como indica la exposición de motivos del Real Decreto, han conseguido que “las unidades TIC de la Administración General del Estado hayan demostrado sobradamente su capacidad para atender una demanda creciente de servicios y unas exigencias elevadas, a un nivel equivalente o superior a la media de la Unión Europea”.
