La actual crisis económica, sin precedentes, está conduciendo a una acelerada reducción presupuestaria en las Administraciones Públicas de Europa en general, y de España en particular. Al mismo tiempo, los ciudadanos, sin duda los más afectados por la situación económica, demandan que no se deterioren los servicios públicos. Se espera de la administración hacer más con menos, pero esto no es posible sin una reforma estructural de los mecanismos de gestión en su sentido más amplio.
Cómo uno de los pilares de la administración del siglo XXI, las tecnologías de la información son ya un factor determinante para la optimización de los recursos públicos, sin embargo, simultáneamente, son objeto de los recortes presupuestarios. En esta línea, estamos viendo como diversos modelos de consolidación de la gestión TIC comienzan a experimentarse en algunas administraciones de nuestro país.
El caso que más repercusión mediática ha tenido en el año 2012 ha sido el de la Generalitat de Cataluña. Según datos ofrecidos por ésta, y mediante una licitación por lotes de los servicios tecnológicos que antes se realizaba de modo desagregado, se ha alcanzado un ahorro estimado del 25% respecto de los presupuestos TIC de 2010. Esta reducción no se ha basado en un cambio del modelo de gestión per se, sino en una optimización de la estrategia de contratación.
El camino a la reforma estructural de la gestión de las TICs en la Administración General del Estado parte, sin embargo, de un entorno distinto al existente en la Generalitat de Cataluña. A falta de la confirmación de los datos oficiales del Consejo Superior de Administración Electrónica, se prevé que, en línea con el resto de partidas presupuestarias, ya se haya producido una reducción del 25% del presupuesto con respecto al de 2010.
La absorción de esta reducción ha sido posible, en buena medida, mediante la optimización de recursos conseguida por profesionales públicos de las TICs que cuentan con el conocimiento necesario que da la experiencia para resolver el dilema de hacer más con menos. Unos recursos humanos por los que la Administración General del Estado apostó hace 20 años con la creación del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Esta apuesta sigue vigente en países como Reino Unido que, en su “Government Digital Strategy” de Noviembre, contempla el refuerzo de las unidades de empleados públicos dedicadas a las TICs como una de las principales líneas de acción, determinando que “Todos los departamentos se asegurarán de contar con las apropiadas capacidades digitales internas, incluyendo perfiles especialistas”.
Y no debemos olvidar tampoco el potencial de las TIC como elemento dinamizador y optimizador de toda la Organización. Las TIC nos permiten redefinir y transformar los procesos productivos, generando mediante su aplicación grandes beneficios, al reducir los costes operativos totales, como ya se hace en otros sectores cuya materia prima es la información.
Estos dos enfoques, de optimización y transformación, son de aplicación directa en las AAPP, y están directamente alineados con los objetivos de la Comisión para la Reforma de la Administración, creada recientemente por el Gobierno. Esta Comisión es el foro adecuado para debatir, no sólo la reforma en la gestión de las TICs, sino también del papel que éstas han de tener en una reforma integral de la AGE.
Por todo ello, ASTIC ha transmitido al Gobierno su disposición a estar presente en la Comisión para aportar el punto de vista de los profesionales de nuestro Cuerpo. El Gobierno ha manifestado su intención de convocar a los representantes del sector privado para conocer sus experiencias de gestión. No dudamos de lo positivo de esta propuesta, pero creemos igualmente necesario contar con los profesionales públicos capaces de identificar las necesidades específicas de la administración y de aportar el conocimiento adquirido durante años de experiencia en la gestión pública de las TICs.
